Licenciada María del Carmen Alanís Figueroa,
Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
Señores Magistrados integrantes de ese Tribunal:
La sociedad veracruzana se encuentra pendiente y vigilante de la decisión que tomen respecto a la reciente elección de Gobernador de nuestro Estado.
Demandamos de ustedes rectitud, honestidad y apego a las leyes; es decir, el estricto cumplimiento de su deber y del alto compromiso con la Constitución de la República, con la democracia y con los valores ciudadanos que protestaron resguardar al momento de tomar posesión de sus cargos. Nada más, pero tampoco nada menos.
Nos preocupan algunos hechos que indican cercanía de funcionarios del Tribunal Federal Electoral con el Gobernador del Estado de Veracruz y con el PRI.
Sabemos, por ejemplo que el señor Roberto Jiménez Reyes, Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia de la Magistrada Presidenta del Tribunal que ustedes integran, estuvo en la capital de la entidad, Xalapa, “asesorando” al magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral para elaborar la resolución que benefició al candidato del PRI.
Este individuo fue contratado por el PRI a través de Carlos Armando Biebrich Torres, otrora Secretario de Elecciones del CEN del PRI, con quien ha mantenido comunicación desde el teléfono 55 33 27 03.
Como este hecho es de su conocimiento, queremos saber si ya se le aplicaron las sanciones establecidas en las normas tanto al Licenciado Jiménez Reyes como a quien le autorizó a participar en esta acción ilícita.
Igualmente queremos saber si, en efecto, el Licenciado Emilio Rabasa Gamboa -quien puede comprobarse que se ha desempeñado como “asesor externo” del Gobernador Fidel Herrera- tiene relación de parentesco con alguno de ustedes y si su intervención como gestor en los juicios que se tramitan ante ese Tribunal está permitida, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la ética.
Tenemos también derecho como ciudadanos a saber si es verdad que el Magistrado Manuel González Oropeza distribuyó entre ustedes los días 13 y 14 de septiembre de 2010 un proyecto de resolución confirmando la sentencia ilegal del Tribunal Local.
Lo anterior ha sido publicado –o más bien, festinado- en medios informativos financiados por el Gobierno del Estado de Veracruz.
Sería muy preocupante que integrantes del TRIFE de cualquier nivel estuvieran proporcionando estos datos a un Gobernador que es parte interesada en la controversia, desde luego ilegalmente, sin que los ciudadanos estuviéramos enterados.
Por otra parte, exigimos que se tomen en cuenta todas las pruebas que acreditan el uso de recursos públicos para favorecer al candidato del PRI y la intervención ilícita del Gobernador Fidel Herrera en las elecciones.
Todo México escuchó su voz ordenando desviar recursos del presupuesto para apoyar a su Partido y robarse incluso la publicidad de otro candidato para favorecer a Javier Duarte.
¿Quieren ustedes más prueba para anular la elección que la voz de Fidel Herrera ordenando cometer peculado y utilizar todo tipo de recursos ilícitos para beneficiar al candidato del PRI a Gobernador?
Hay 16 grabaciones que demuestran lo anterior, mismas que fueron dadas a conocer ampliamente por la mayoría de los medios nacionales.
Sabemos que algunos de ustedes consideran que ello no es una prueba “lícita”, como si así se pudiere anular la gravedad de los hechos que se acreditan o ignorar el valor superior de la transparencia en una sociedad democrática, como quedó demostrado en Norteamérica ante eventos muy parecidos, como fue el llamado “caso Watergate”, donde evidencias contundentes sirvieron para aplicar severas sanciones jurídicas y políticas, independientemente del origen de las mismas.
De no entenderse así, habría que preguntarles entonces si es más “lícito” desviar recursos y permitir que un Gobernador intervenga en las elecciones.
¿Solo anularán los comicios si cuentan con la confesión del Gobernador y sus colaboradores para entonces tomar en cuenta el vergonzoso contenido de las grabaciones?
Esperar que eso suceda es una quimera.
Lo que de ninguna manera queremos creer que también sea una quimera es esperar que en la soledad de sus reflexiones tengan claro que la sociedad reclama de ustedes justicia plena y definiciones claras.
Si en vez de anular la elección para Gobernador de nuestro Estado la declaran válida, estarán declarando válida:
1.- La flagrante desviación de recursos públicos para utilizarlos en beneficio de un partido político.
2- La intervención impune de los gobernadores apoyando a los candidatos de sus partidos en las elecciones, en violación directa de los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y uso honesto de recursos.
3.- La violencia sistemática ejercida por los propios cuerpos de seguridad -e incluso por la delincuencia organizada, solapada y quizá alentada por quienes debieran combatirla- en contra de los candidatos opositores.
¿Quieren ustedes más pruebas que las que ya se han hecho públicas, junto con el testimonio de todos los veracruzanos que vimos cómo miles de millones de pesos del presupuesto se desviaron para apoyar al candidato del PRI a Gobernador, vaciando las arcas de nuestro Estado, que hoy no tiene un centavo para atender a las personas afectadas por los desastres naturales?.
Esperamos que antes de dictar resolución informen a la sociedad acerca de lo que les preguntamos en esta carta abierta.
Están ante la gran oportunidad de recuperar la credibilidad y el respeto de los mexicanos, y en particular de los veracruzanos.
Ustedes saben que la elección realizada en Veracruz debe anularse y que hay elementos para hacerlo.
Con el mayor respeto, les pedimos que no cedan ante los intereses ni las presiones, y que actúen con la autonomía que los ciudadanos les hemos concedido a través de nuestra Constitución.
Ustedes, los impartidores de Justicia, precisamente tienen la obligación de impedir que quedemos en la indefensión frente a quienes infringen la Ley.
Cumplan y apliquen una sanción ejemplar, que siente un precedente que sirva a todo México, para que las elecciones en los Estados sean –como lo ordena la Constitucion- democráticas, libres, equitativas, imparciales, sin intervención del poder público, y no como las que hoy se celebran, en las que la Democracia es victimada por los delincuentes que gobiernan algunas entidades, como ocurre en Veracruz.
Veracruzanas y veracruzanos en lucha por la Democracia